El otorgamiento de un testamento solemne, especialmente el testamento abierto, requiere la intervención de un ministro de fe pública, como un notario o un juez de letras, cuya investidura garantiza la observancia de las solemnidades legales. La confianza en la autoridad del funcionario es un pilar para la validez de los instrumentos públicos. Una problemática que surge es determinar si los vicios en el nombramiento legal de este funcionario, como irregularidades administrativas o falta de cumplimiento de requisitos para el cargo, podrían afectar la validez de los testamentos que autoriza. La postura dominante sostiene que no se puede cargar al particular la obligación de verificar la legalidad del nombramiento del funcionario público, ya que se asume la buena fe y la apariencia de legalidad de su actuar. En consecuencia, la tendencia es que tales vicios en el nombramiento no son imputables al testador y, por ende, no deberían invalidar el testamento, salvaguardando la estabilidad de los actos jurídicos otorgados ante la fe pública. Este enfoque protege la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, evitando que actos válidamente celebrados sean anulados por deficiencias administrativas ajenas a los otorgantes.
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