¿Es procedente aplicar el apremio de arresto por el incumplimiento en el pago de las cuotas de la compensación económica, considerando la prohibición de prisión por deudas?

Criterio de la Corte Suprema

La compensación económica, regulada en la Ley N° 19.947 sobre Matrimonio Civil, constituye una institución fundamental del Derecho de Familia chileno, destinada a resarcir el menoscabo económico que sufre uno de los cónyuges al término del matrimonio o acuerdo de unión civil, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común, impidiéndole desarrollar una actividad remunerada o hacerlo en menor medida. Su fundamento radica en el principio de equidad y en la necesidad de corregir los desequilibrios patrimoniales generados por la división de roles durante la vida conyugal. El núcleo del debate doctrinal y jurisprudencial actual radica en determinar si es procedente aplicar el apremio de arresto por el incumplimiento en el pago de las cuotas de la compensación económica, considerando la prohibición de prisión por deudas. Una tesis sostiene la procedencia, argumentando que el artículo 66 de la LMC establece que la cuota "se considerará alimentos para el efecto de su cumplimiento", habilitando así el uso de las medidas de apremio propias de la ley de alimentos, como el arresto, postura que ha sido respaldada por la Corte Suprema, como en el fallo de 4 de julio de 2016, rol 40649-2016. Por otro lado, la tesis de la improcedencia invoca el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe la detención por deudas con la única excepción de los "deberes alimentarios", sosteniendo que la compensación no es un alimento en estricto rigor, sino que solo "se considera como tal", lo que haría inconstitucional y contrario a tratados internacionales la aplicación del arresto. La relevancia práctica y estratégica de este debate es innegable, pues define la eficacia de las sentencias que conceden compensación económica y las herramientas disponibles para su ejecución. Para el litigante, comprender esta controversia es crucial al momento de diseñar estrategias de cobro o defensa, impactando directamente la protección del cónyuge más vulnerable y la seguridad jurídica. Para el estudiante de Derecho, dominar este punto oscuro es esencial para el examen de grado, ya que exige un análisis profundo de la interpretación legal, la aplicación de tratados internacionales y la jerarquía normativa en el contexto del Derecho de Familia.