¿Es el enriquecimiento sin causa únicamente un fundamento para acciones restitutorias reguladas o una fuente autónoma de obligaciones, o puede además servir como argumento general para la decisión judicial?

Criterio de la Corte Suprema

El enriquecimiento sin causa es un principio fundamental del derecho que busca evitar que alguien se beneficie injustificadamente a expensas de otro. Tradicionalmente, se le han asignado dos funciones: servir de fundamento a acciones restitutorias expresamente reguladas en la ley y operar como fuente autónoma de obligaciones a través de la acción *in rem verso*, aplicable en ausencia de una causa jurídica válida. Recientemente, ha surgido una tercera función que lo postula como un argumento general para la toma de decisiones judiciales, donde los jueces podrían invocar la equidad para acoger o rechazar alegaciones, incluso omitiendo normas legales específicas. Esta postura ha generado controversia por el riesgo de discrecionalidad judicial y de producir decisiones incoherentes o imprevisibles, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema. Para el abogado, la comprensión de estas distintas funciones es esencial para fundamentar acciones restitutorias o para defenderse de ellas, especialmente cuando no existe una acción específica. La expansión de su rol a un argumento general exige cautela, dado el potencial de imprevisibilidad que puede introducir en el razonamiento jurídico y la necesidad de invocarlo estratégicamente frente a normas específicas.