¿Es el control jurisdiccional de un acto administrativo en una acción de amparo limitado a la verificación de la competencia del órgano, la existencia de una habilitación legal expresa y la debida fundamentación formal, o debe extenderse a un examen material de la razonabilidad, proporcionalidad y no arbitrariedad de la decisión, incluso si cumple con los requisitos formales?