Al terminar un Acuerdo de Unión Civil, ¿los bienes familiares constituidos durante su vigencia se desafectan automáticamente por el solo ministerio de la ley o requieren un procedimiento judicial?

Criterio de la Corte Suprema

La institución de los bienes familiares, concebida para proteger el hogar y los enseres esenciales de la familia, busca asegurar la estabilidad y el bienestar de sus miembros frente a actos de disposición unilateral. Su fundamento radica en la primacía del interés familiar sobre el individual en la afectación de ciertos bienes. En el contexto del Acuerdo de Unión Civil, esta figura se aplica por remisión de la Ley 20.830 a las normas del Código Civil, otorgando una protección análoga a la del matrimonio. El núcleo de la controversia doctrinal radica en determinar si, al término de un Acuerdo de Unión Civil, los bienes familiares constituidos durante su vigencia se desafectan automáticamente por el solo ministerio de la ley o si, por el contrario, requieren un procedimiento judicial específico. Una postura sostiene que el artículo 28 de la Ley 20.830 opera como una regla de clausura que extingue de pleno derecho todos los derechos y obligaciones derivados del contrato, incluyendo la afectación como bien familiar. La tesis opuesta argumenta que la institución de los bienes familiares posee un régimen jurídico propio en el Código Civil que exige un pronunciamiento judicial para su desafectación, reglas que no serían derogadas tácitamente por la norma general de la Ley de Unión Civil. La resolución de este debate posee una trascendental relevancia práctica para los litigantes, pues incide directamente en la certeza jurídica sobre el estado de los bienes y la validez de los actos de disposición que se realicen sobre ellos tras el término del AUC, evitando eventuales nulidades o conflictos patrimoniales. Para el estudiante de Derecho, comprender esta discusión es crucial para el examen de grado, ya que exige un dominio de la interpretación de las normas especiales frente a las generales, la aplicación de principios de derecho de familia y la capacidad de argumentar sobre la coexistencia de regímenes jurídicos distintos.