La compensación económica, regulada en los artículos 61 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil (LMC), es una institución esencial del derecho de familia chileno. Su finalidad es mitigar el desequilibrio económico que sufre un cónyuge al término del matrimonio, cuando este, por dedicarse al cuidado de la familia o del hogar, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lo hizo en menor medida. El artículo 62 de la LMC, en particular, establece los criterios para su determinación, incluyendo la controvertida consideración de la buena o mala fe. El núcleo del debate doctrinal radica en la interpretación del criterio de "buena o mala fe" que el artículo 62 de la LMC exige considerar para determinar la existencia y cuantía de la compensación económica. Una tesis sostiene que la mala fe se vincula a las causales culpables de divorcio, entendiendo que el cónyuge que dio lugar a la disolución por su culpa actúa de mala fe, lo que debería incidir negativamente en su derecho o monto compensatorio. En contraste, otra postura argumenta que este criterio está pensado principalmente para los casos de nulidad matrimonial, donde la compensación procede en el matrimonio putativo, y se relaciona con el conocimiento o ignorancia de la causal de nulidad al contraer matrimonio. La relevancia práctica de esta discusión es innegable para el litigante, pues la adopción de una u otra tesis impacta directamente en la estrategia procesal y en la argumentación para solicitar u oponerse a la compensación económica. Para un abogado, comprender esta distinción es crucial al momento de fundamentar si la conducta del cónyuge durante el matrimonio o al momento de su celebración debe ser un factor determinante en la procedencia o cuantía de la compensación. Asimismo, para el estudiante de derecho, dominar este punto oscuro es fundamental para demostrar un conocimiento profundo de la LMC y una capacidad de análisis crítico en su examen de grado, permitiéndole abordar con solvencia las complejidades de la institución.
Voces identificadas, evolución temporal, disidencias, estrategia procesal
y consulta con IA jurídica entrenada en este criterio.