¿A qué modelo de familia se refiere el artículo 1° de la Constitución al señalar que es el 'núcleo fundamental de la sociedad'?

Criterio de la Corte Suprema

La institución de la familia, consagrada en el artículo 1° inciso segundo de nuestra Constitución Política de la República, es reconocida como el "núcleo fundamental de la sociedad". Esta disposición eleva a la familia a un pilar esencial del orden social y jurídico, implicando su protección y promoción por parte del Estado. Su fundamento conceptual radica en ser la primera comunidad donde se desarrollan los individuos y se transmiten valores, constituyendo la base para la cohesión social. El núcleo de este debate doctrinal radica en la interpretación del alcance del término "familia" en la referida norma constitucional. Por un lado, la Tesis A, sostenida por juristas como Hernán Corral, Hugo Rosende y Hernán Troncoso, postula que la Constitución se refiere exclusivamente a la familia fundada en el matrimonio, entendida como la familia legítima. En contraposición, la Tesis B, defendida por Gonzalo Figueroa y Carlos Peña, argumenta que la norma abarca tanto a la familia matrimonial como a la no matrimonial, reconociendo una concepción más amplia y plural de la institución. Esta controversia subraya la tensión entre una visión tradicional y una perspectiva más contemporánea de la estructura familiar en el derecho chileno. La relevancia práctica y estratégica de esta discusión es innegable para el ejercicio profesional y la formación jurídica. Para un litigante, la adopción de una u otra tesis puede determinar la fundamentación de acciones legales, la protección de derechos o la aplicación de beneficios estatales a diversos tipos de uniones familiares. Asimismo, para un estudiante de derecho, comprender estas posturas es crucial para el examen de grado, pues permite analizar críticamente la evolución del Derecho de Familia y sus implicancias en la interpretación constitucional. Este debate impacta directamente en la extensión de la protección jurídica y social que el Estado chileno debe otorgar a sus ciudadanos.